Por ironías del destino, justo el día en que se celebra un importante Consejo Interterritorial, con medidas como la modificación del copago farmacéutico sobre la mesa, conocemos que se ha publicado en el Journal of the American Geriatrics Society la
actualización de los criterios de Beers. Como algunos recordaréis, en Sala de lectura dedicamos hace ya tiempo un post a la prescripción inapropiada de medicamentos en ancianos a cuenta de la publicación del listado PRISCUS. En dicho artículo recordábamos la existencia de unos vetustos criterios Beers que llevaban años -demasiados- sin actualizarse y, cómo no, los criterios STOPP-START, de origen europeo, con versión en español y más adecuados a nuestra realidad asistencial.
La actualización ahora publicada es fruto del consenso un panel multidisciplinar de 11 expertos bajo el patrocinio de la American Geriatrics Society. Tras realizar una revisión sistemática de la literatura, se llevó a cabo una evaluación de la calidad de las evidencias (ver tabla 1). En total se revisaron 2.169 artículos de los cuales 446 eran revisiones sistemáticas, 629 ensayos clínicos aleatorizados y 1.094 estudios observacionales.
A grandes rasgos, de los nuevos criterios Beers destacamos tres aspectos: se han eliminado del listado los medicamentos que ya no están disponibles en el mercado, se han incluido los comercializados desde la última actualización -en 2.003- hasta la fecha en la que se realizó la revisión bibliográfica (30 de marzo de 2.011). Y el panel de expertos ha seguido la metodología basada en la evidencia que propuso el Institute of Medicine en 2.011 para el desarrollo de guías de práctica clínica.
Como bien advierte el editorial que comenta el artículo, los criterios de Beers no pueden sustituir, en ningún caso, el juicio clínico. En este sentido es importante tener presente que el tratamiento farmacológico en ancianos frágiles debe individualizarse en la medida de lo posible, en base a las necesidades particulares del paciente, sus circunstancias y preferencias. Tampoco podemos olvidar que estos criterios no son de aplicación en pacientes terminales u hospitalizados, si bien en estos casos pueden ser de gran utilidad para ayudarnos a detectar y controlar las potenciales reacciones adversas que pudieran aparecer. Por último, los autores destacan que los criterios no están pensados para servir de base para la elaboración de formularios o guías farmacoterapéuticas ni deben utilizarse para penalizar a los prescriptores.
Comentario: como decíamos al principio, resulta irónico que caiga en nuestras manos este artículo el mismo día que se plantean nuevas medidas para aumentar la recaudación ligada a la prestación farmacéutica. Algún día deberíamos plantearnos el daño que han hecho a la sanidad pública española falacias como que es gratuita o que el copago no existe. Desde luego, no es gratuita por ejemplo, para los millones de asalariados, empresarios y profesionales que pagamos religiosamente nuestros impuestos. Respecto al copago, ya veremos al final en qué se sustancian los cambios. Pero el modelo actual nos parece, como mínimo, injusto e insolidario.
Mientras esto sucede, no hemos escuchado a ninguna opción política plantear medidas de racionalización basadas en el uso adecuado de los medicamentos. Parece haber cierto consenso en que nuestros ancianos consumen demasiados medicamentos. Que hay una medicalización excesiva. Y que ésta es causa de un considerable despilfarro de recursos y de una iatrogenia, que a su vez, devora más recursos públicos. Pero nadie mueve ficha en este tablero. Los criterios de Beers, como los STOPP-START o los PRISCUS, son herramientas útiles para orientar la práctica clínica con el objetivo de mejorar la calidad asistencial y, cómo no, la eficiencia. En este sentido, hay muchas más medidas relacionadas con los medicamentos pendientes desde hace años, como excluir de la financiación los medicamentos que, con criterios estrictamente científico-técnicos no hayan demostrado ser seguros y eficaces, no financiar los medicamentos innecesarios o establecer una política de precios transparente en base a la utilidad terapéutica.
Tampoco estaría de más, puestos a pedir -y sin ánimo de ser exhaustivos- explotar de forma sistemática la ingente información existente sobre el consumo de medicamentos en España y hacerla pública, analizar la variabilidad existente y obrar en consecuencia, establecer una estrategia nacional de información y formación sobre medicamentos dirigida a los profesionales y abrir, en la medida de lo posible, la puerta a la investigación sobre el uso de los medicamentos y los resultados en salud.
Valga esta prematura carta a los reyes como botón de muestra de las cosas que podríamos hacer y aún no hemos hecho. Ideas, sobran. Profesionales capacitados para llevarlas a cabo, también. Ahora falta que las personas que rigen los designios del Sistema Nacional de Salud -todas y a todos los niveles- se sienten y acuerden aprovechar la crisis para modernizarlo y racionalizarlo. La oportunidad es única, pero hay que saber -y por supuesto querer- aprovecharla…
